“El despliegue del personal en la vía pública ya no reposará en decisiones autónomas de las comisarías, para así evitar decisiones erradas o interesadas”. Se refería a las quintas, tal como en el lenguaje canero se le dice a las paradas dispuestas unilateralmente por los comisarios en base a arreglos previos con los comerciantes. También reveló que la nueva distribución operativa fue concebida según las prioridades que plantea el mapa del delito confeccionado por el área de Inteligencia Criminal de la cartera. Dicho relevo –aclaró la ministra– se hace “en colaboración con la Policía Federal y con datos aportados por las 30 mesas barriales de Participación Comunitaria en Seguridad, que funcionan desde abril”. Ésto último, a todas luces, constituye una experiencia sin antecedentes en el país.
