También ha querido privatizar el concepto de DERECHOS HUMANOS, pasándolo, abierta o encubiertamente, desde el espacio de las relaciones PUEBLO / ESTADO, al ámbito de las incumbencias PUEBLO / PUEBLO, olvidando toda su argumentación dogmática conceptual, filosófica, jurídica, histórica, política y práctica; los efectos de esa enajenación fueron desvatadores:
1º - Se sustrajo a la noción de DERECHOS HUMANOS el de ser estructuras garantes y operativas, minimizándolo a un lugar ético abstracto, desprovisto de elementos protectores.
2º - Se impuso el concepto extendido a sectores referenciales demasiado amplios o extensos, cayendo en la imprecisión, en la ambigüedad, en la trivialidad, en la banalización y en la ineficacia.
3º - Se considero que la culpa sea compartida por un conjunto muy amplio del PUEBLO, DILUYÉNDOSE en la inexistencia, lo que se conoce con el famoso dicho popular: “cuando todos son responsables, nadie es responsable”.
4º - Se generalizó el lenguaje que la reivindicación de los DERECHOS HUMANOS vaya teninendo como blanco y objetivo al PUEBLO o GRUPOS DEL PUEBLO, o a “la gente” (en abstracto) como tal, el uso de ese lenguaje fue postulando que al PUEBLO o GRUPOS DEL PUEBLO se les otorguen instrumentos para garantizar esos derechos. En conclucion, instrumentos judiciales y sancionatorios, lo que fue legitimando un retorno a la “LEY DE LA SELVA”, o a las formas de “JUSTICIA POR MANO PROPIA”.
